El protocolo para internar a niños en Unidades de Terapia Intensiva (UTI), presentado a mediados del 2015 por el Gobierno, es letra muerta en la mayoría de los casos. Un claro ejemplo se registró la semana pasada, cuando un niño de 6 años que padecía encefalitis viral falleció luego de buscar por varios días un centro asistencial que le brindara los cuidados que requería.
El niño no pudo ser internado en IPS de Ciudad del Este porque su padre solo tenía 4 meses de aporte. Tampoco lo recibieron en el sanatorio Los Ángeles (de la Fundación Tesãi), de la misma ciudad, alegando que eran asegurados de la previsional. En el hospital regional no tenían UTI, por lo que lo derivaron al Hospital Pediátrico Acosta Ñu, de San Lorenzo. El trajinar de varios días sin solución, más el viaje desde la capital del Alto Paraná, terminaron por debilitar al pequeño, quien falleció dos horas después de ser ingresado.
Este caso demostró que el protocolo para internar a niños en terapia intensiva, que garantiza la atención, sea en los servicios públicos o privados, sigue siendo letra muerta en nuestro país.
Para el juez de la Niñez Camilo Cantero, el IPS u otro servicio no pueden negar internación ni asistencia médica a ninguna criatura, máxime en un caso en que su vida esté en peligro, afirmó.
El magistrado destacó que la legislación vigente –Constitución, Pacto de San José de Costa Rica, Convención por los Derechos del Niño y Código de la Niñez y la Adolescencia– garantiza el derecho a la vida, a la salud y el interés superior del niño, lo cual obliga a cualquier hospital a asistir de manera inmediata a niños e incluso embarazadas, con o sin seguro, con o sin dinero.
(Abc Color – 25 de octubre de 2016).
