En Nicaragua la mayor tasa de delitos continúan siendo cometidas por adultos, sobre todos por hombres. Informes oficiales corroboran que de cada cien delitos que perpetrados, 96 por ciento son bajo la autoría de adultos y solamente un 4 por ciento son bajo la responsabilidad de adolescentes. Esta presente brecha conviene ser aclarada cuanto antes en la opinión pública, puesto que en la actualidad sectores que pujan una reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia, basan sus planteamientos sobre «mitos» estadísticos penales en contra de los adolescentes.
Según el Instituto Nacional de Información y Desarrollo (INIDE) el 54% de la población son adolescentes, de estos únicamente el 0.0039%, tienen responsabilidades penales, es decir que menos del uno porciento cometen delitos, razón por la cual resulta todo una percepción errada de quienes estigmatizan de impunidad a este segmento de la población y al Código de la Niñez y Adolescencia.
El informe Justicia Penal de Adolescente con Enfoque Restaurativo en Nicaragua, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), también ratifica que la tasa de delitos es bajo la responsabilidad penal de los adultos. La misma fuente destaca que 6,800 de los privados de libertad son adultos, y únicamente 214, son adolescentes. Una vez más se evidencia la brecha entre adultos y adolescentes en relación a la tasa de delitos en el país.
Un informe de los Juzgados de Nejapa señala que en 2010 se investigaron 60 asesinatos perpetrados por adultos frente a cinco cometidos por adolescentes; y en 2009 11 mil 393 delitos fueron cometidos por adultos frente a de un mil 600 perpetrados por adolescentes. Esta informe sugiere que el índice de faltas cometidas por adolescentes corresponde a entre el cinco o el seis por ciento respecto a las perpetradas por personas mayores.
Tanto el informe de los Juzgados de Nejapa como el del poder judicial señalan que entre las diferentes modalidades de delitos cometidas por adolescentes, la lista la encabezan robo en todas sus modalidades, principalmente el robo agravado. El primer informe destaca que en 2010 en los juzgados capitalinos llegaron 300 acusaciones de este tipo.
Rol del Estado
Recientemente en la Universidad Centroamericana (UCA) en un debate en torno a la reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia, entre estudiantes universitarios y representantes de organizaciones de la sociedad civil hubo consenso que debatir una modificación en este instrumento jurídico, fuera innecesario si el Estado y puntualmente el Ejecutivo asumiera sus compromisos constitucionales de invertir más programas sociales para este segmento de la población.
Mario Chamorro, Director Ejecutivo de Dos Generaciones y Jorge Mendoza, Foro Educativo, coincidieron que en cualquier sociedad donde el Estado no fomente políticas públicas para este sector, la experiencia demuestra que existe mayor vulnerabilidad social aumentándose la tasa de analfabetismo, incremento en la inseguridad ciudadana y mayor desarticulación familiar.
Lo dicho por los representantes de expresiones que trabajan con niñez y adolescencia, de cierto modo se ve retratado en el informe 2010, de Justicia Penal de Adolescente refleja que el 69.8% de los adolescentes privados de libertad tienen en común pertenecer a familias desintegradas o desestructuradas; y además tienen bajo nivel de escolaridad.
Especialistas y representantes de la sociedad civil argumentan que la tasa de delitos por adolescentes todavía fuera mucho más baja si existiera compromiso asumido por el Estado en sus diversas expresiones jurídicas desde tratados internacionales con la Convención de la Niño, Constitución Política de Nicaragua, Ley de Promoción del Desarrollo Humano Integral de la Juventud de Nicaragua, y Plan Nacional de Desarrollo Integral de la Juventud, y el mismo Código de la Niñez y Adolescencia.
