Madre lucha hace dos años por recuperar a su hijo

La joven madre Leticia Sandoval lucha hace dos años para recuperar a su hijo, que tiene poco más de dos años de edad y está en situación de guarda con la familia compuesta por la ahora exjueza Elodia Almirón y su marido, Ángel Osvaldo Osorio Zárate. Actualmente el caso está en manos de la Corte Suprema de Justicia, que debe ordenar la realización de pruebas de ADN para determinar quiénes son los padres biológicos del niño y así proseguir con el litigio judicial. La Corte Interamericana de Derechos Humanos requirió al Estado paraguayo, en julio del año pasado, que adopte de forma inmediata las medidas para que el niño pueda mantener vínculos con su familia de origen, lo cual se está cumpliendo hace poco tiempo.

Tras dos años de litigios judiciales, Leticia Sandoval hoy tiene un poco más de esperanza de volver a tener a su hijo entre sus brazos. Luego de decenas de procedimientos jurídicos, ahora el caso está en manos de la Corte Suprema de Justicia, que debe ordenar la realización de pruebas de ADN para determinar la paternidad del bebé. Si todo sale bien, Leticia podría volver a tener a su hijo a mediados de año, o por lo menos el bebé podría estar en poder de sus padres, los abuelos, luego de la feria judicial. Eso es al menos lo que espera Leticia, quien ahora tiene un poco más de optimismo con respecto a la resolución del caso.

“Vamos a luchar hasta que (el niño) esté con nosotros”, asegura hoy Leticia, resaltando que prácticamente ella y su familia tuvieron que luchar contra todo el Poder Judicial para llegar adonde están actualmente, y que no decaerán hasta conseguir su objetivo.

Los antecedentes

El caso prácticamente se inició el 4 de agosto de 2009, dos días después del nacimiento del niño, cuando Leticia, luego de salir del hospital donde dio a luz, lo dejó en la puerta de una iglesia de Asunción. Es que ella había ocultado el embarazo ante su familia, y el padre del niño no sabía nada de esto, ya que la relación se había terminado antes de que su panza comenzara a notarse.

El niño fue recogido por una pareja, que informó del hecho al Ministerio Público, donde se inició una causa sobre medidas de protección y apoyo ante el Juzgado de Primera Instancia de la Niñez y la Adolescencia. Esta instancia ordenó la búsqueda de los familiares del niño, y el 10 de agosto de 2009 otorgó la guarda provisoria del bebé a una familia acogedora, como medida “eminentemente cautelar”, hasta tanto se definiera su situación jurídica.

El 17 de septiembre de 2009 el matrimonio compuesto por Elodia Almirón, quien en ese momento se desempeñaba como jueza, y su marido estaban realizando gestiones para adoptar a un niño o niña, y solicitaron la guarda provisoria del bebé en cuestión.

El 10 de noviembre de 2009 se dispuso judicialmente la revocatoria de la guarda provisoria a favor de la familia con la que se encontraba el niño y se otorgó dicha guarda a la familia Almirón, así como se ordenó la inscripción del niño en el Registro Civil de las Personas.

El 12 de noviembre de 2009, el mismo día en que el niño fue entregado a la familia Almirón, el Centro de Adopciones, dependiente de la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia (SNNA), informó que había localizado a los padres biológicos del niño, señalando que “no correspondería en este momento trasladar al niño de una familia acogedora a una familia que tiene intenciones de adoptar”.

Mientras esto sucedía, el 16 de noviembre de 2009 la madre y el padre biológicos del niño lo registraron como su hijo en la Dirección General del Registro del Estado Civil. El 18 de noviembre de 2009 el padre biológico del niño se presentó en el juzgado mostrando el registro, expresando su intención de hacerse cargo del bebé, explicando que no conocía la situación y solicitando que le fuera entregado y la revocatoria de la guarda provisoria otorgada a favor de la familia Almirón. Sin embargo, el 19 de noviembre de 2009 el matrimonio Almirón presentó una demanda e inició un proceso de pérdida de patria potestad contra la madre biológica del niño.

Desde esa fecha hasta hoy se dieron una gran cantidad de pedidos, resoluciones y otras gestiones judiciales dentro del caso, dándose varias inhibiciones de los jueces involucrados, pareciendo que el caso se trabaría hasta el infinito, a pesar de que el Centro de Adopciones y la fundación Corazones por la Infancia aseguraron que el niño debía ser reinsertado en su familia biológica.


La intervención internacional

El 17 de junio de 2010 la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de medidas cautelares con respecto a este caso, lo cual, según resaltó Leticia, es lo que les ayudó a empezar a destrabar el proceso judicial en nuestro país.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió el pasado 1 de julio de este año una resolución en la que requiere al Estado paraguayo “que adopte, de forma inmediata, las medidas que sean necesarias, adecuadas y efectivas para proteger los derechos a la integridad personal, protección de la familia e identidad del niño” en cuestión, “permitiéndole mantener vínculos con su familia de origen, con el apoyo del personal profesional adecuado que haga un monitoreo de las circunstancias emocionales de aquél”.

Esto se empezó a cumplir hace aproximadamente dos meses, 90 días después de la sentencia de la Corte Interamericana, ya que los abuelos tuvieron hasta el momento cuatro encuentros con el niño en lugares públicos, cada 15 días, por dos horas en cada ocasión, acompañados de una trabajadora social y una psicóloga, en los que el bebé demostró su simpatía hacia ellos, según relató Leticia.

El siguiente paso es avanzar en el juicio de paternidad pendiente, en el que los abogados de Leticia solicitaron que se realicen tres pruebas de ADN para determinar quiénes son los padres del niño, lo cual fue aprobado por la Corte Suprema de Justicia el 3 de octubre, pese a que la exjueza Almirón pidió que solo se haga un análisis.

Mientras tanto, en noviembre pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos admitió el caso, por lo que Paraguay se expone a un proceso judicial ante el sistema interamericano por violación de los derechos del niño.