Líderes de gobiernos y organizaciones indígenas de América Latina emprenden trabajo conjunto por la niñez indígena

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Cartagena de Indias, 11 de marzo de 2010. Con un gran consenso entre autoridades indígenas, funcionarios de gobierno y representantes de organizaciones internacionales se cerró hoy un encuentro latinoamericano sin precedentes en la protección de los niños, niñas y adolescentes indígenas vinculados al trabajo infantil, muchas veces en sus peores formas.

Luego de tres días de discusiones, y tal como se lo habían propuesto, los participantes allanaron el camino para pasar ‘de la declaración a la acción’, aportando más de 260 iniciativas y comentarios que serán recopilados en un documento base para la erradicación del trabajo infantil en los pueblos indígenas.

Guillermo Dema Rey, especialista en trabajo infantil para América Latina y El Caribe, de la OIT, aseguró que hay preocupación de una buena parte de los gobiernos de la región por el tema. “Yo creo que hay interés en abordarla pero también creo que hay mucho desconocimiento sobre cómo poder abordarla, salvaguardando los derechos de los propios pueblos indígenas”, dijo Dema Rey. “Creo que de alguna manera este encuentro va a propiciar luces para unos y otros”.

Durante el debate celebrado en el Centro de Formación de la Cooperación Española, los representantes evaluaron las consecuencias del fenómeno y coincidieron en clasificar la exposición a situaciones de violencia, el deterioro de la salud física y emocional, la discriminación, el riesgo de extinción y la pérdida de identidad cultural entre las más importantes.

Así mismo, los participantes analizaron la relación entre el trabajo infantil y los problemas de la educación actual, advirtiendo que las propuestas educativas para los pueblos indígenas carecen de la cobertura, la pertinencia y la calidad adecuadas a las necesidades de sus comunidades. Admitieron incluso que en muchas ocasiones estos programas llegan a convertirse en expulsores de sus propios estudiantes.

Otro de los ejes del análisis se centró en la necesidad de implementar políticas públicas diferenciales para prevenir y erradicar el trabajo infantil. A juicio de los asistentes, la ausencia de tales políticas ha hecho que la problemática se aborde de manera incompleta y muchas veces inoportuna y por ello insistieron en la necesidad de establecer mecanismos de prevención y protección para los niños trabajadores, partiendo de la garantía de sus derechos y los de sus familias.

“La altura del debate ha demostrado que si hay trabajo infantil quiere decir que se están violando los derechos y si los padres tienen que mandar a este niño a trabajar. Quiere decir también los derechos de este padre y de esta madre se están violando: el derecho a un trabajo digno, el derecho a la tierra para los pueblos indígenas y el derecho a tener una seguridad social y a tener la manera de vivir en medio de las dificultades”, dijo  Ana Lucía D’ Emilio, asesora regional de Unicef en educación y poblaciones excluidas para América Latina y el Caribe.

El encuentro clausurado en Cartagena de Indias fue un importante esfuerzo de concertación convocado por nueve organizaciones internacionales: el Foro Permanente de Cuestiones Indígenas, el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (Fondo Indígena), la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), la Secretaría general de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), la Secretaría de la Integración Social Centroamericana (SISCA) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

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