Diferentes formas de abuso y violencia siguen siendo realidades cotidianas para millones de niños, niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe, lo que demuestra que los gobiernos han fallado en proteger a esta población contra toda forma de violencia, según un estudio realizado a pedido del Capítulo Latinoamericano y del Caribe del Movimiento Mundial por la Infancia (MMI-CLAC).
El «Mapeo sobre la implementación de las recomendaciones del ‘Estudio mundial sobre la violencia contra los niños’», realizado por el Núcleo de Estudios de Violencia (NEV) de la Universidad de São Paulo, Brasil, a pedido del MMI-CLAC, menciona que en la última década muchos gobiernos de la región han tomado medidas importantes para abordar la violencia, el abuso y la explotación de niños, niñas y adolescentes, comprometiéndose con instrumentos internacionales y regionales, reformando sus marcos jurídicos y los sistemas de protección.
«Sin embargo, los esfuerzos por asegurar la implementación de las leyes, la eficiencia y la capacidad de los sistemas de protección infantil, y el monitoreo adecuado de la situación de los niños, niñas y adolescentes han sido lentos. El abandono, el abuso infantil, el castigo físico, el abuso sexual y la explotación en sus diferentes formas, incluyendo el trabajo infantil, la explotación sexual comercial y la trata, siguen siendo realidades cotidianas para millones de niños, niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe», resalta el documento.
En este sentido, agrega que estas situaciones son claras manifestaciones de que «los gobiernos han fallado en proteger a aquellos contra toda forma de violencia, tal como se define en la Convención sobre los Derechos del Niño, poniendo su bienestar, crecimiento y desarrollo en grave peligro». Especifica que los niños, niñas y adolescentes más pobres y excluidos, especialmente quienes viven en áreas rurales o urbanas marginales o son indígenas o afroamericanos, son afectados desproporcionadamente por este fenómeno.
«Se calcula que en América Latina y el Caribe seis millones de niños y niñas sufren abuso grave, incluido el abandono, y que 80.000 niños y niñas menores de 18 años de edad mueren cada año a causa de abuso por parte de sus progenitores», menciona el material, citando un estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 1999.
La violencia en las escuelas
El material señala que el castigo físico es todavía una práctica disciplinaria común en las escuelas en muchos países de América Latina. Además, denuncia que estas prácticas conforman un complejo cuadro de agresiones que pone en evidencia una «seria crisis de relacionamiento entre todos los estamentos de la comunidad educativa». Sustentando esta postura, destaca que se sigue registrando la práctica de castigos corporales, maltrato emocional y abuso sexual por parte de docentes, así como una tendencia creciente del acoso entre pares, agravado por el uso de internet, y de agresiones de estudiantes y, en algunos casos, de padres contra docentes y autoridades educativas.
«En América Latina, varios estudios dan cuenta de la disminución del castigo físico como método de disciplina y aprendizaje en las escuelas. Como contracara, la tendencia al aumento del maltrato emocional es preocupante porque se trata de prácticas poco visibles que son muy dañinas, puesto que atentan contra la autoestima de las víctimas», revela el documento.
El castigo en los hogares
El informe indica que si bien el castigo físico sigue ampliamente difundido en las familias, una de las formas más encubiertas de abuso en este ámbito es el sexual, que muchas veces es cometido por parientes cercanos del niño o la niña. Advierte que la falta de apoyo familiar es un factor que contribuye a que los niños, niñas y adolescentes sean vulnerables y estén menos protegidos de la violencia, el abuso y la explotación. Resalta que miles de niños, niñas y adolescentes de la región están abandonados, quedando huérfanos a causa de la violencia o de enfermedades como el VIH/sida, por la situación económica de sus padres y madres o porque éstos migran a otra ciudad o país en busca de mejores oportunidades y empleos.
El estudio subraya que es imposible conocer el número exacto de niños, niñas y adolescentes que son víctimas de abuso, violencia y explotación, ya que muchas veces estos casos no son denunciados por el temor de las víctimas de informarlos o por miedo a no ser tomados en cuenta, así como por la alta tolerancia social que existe hacia estos tipos de crímenes.
«Lo que está claro es que América Latina y el Caribe está clasificada entre las regiones más violentas del mundo. (…) De ahí que los niños, niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe enfrentan violencia diariamente, sea en su familia, la escuela, las instituciones o la comunidad».
Además de reformas legislativas, el material subraya que siguen siendo necesarias iniciativas de concientización para el público en general y los niños y niñas en particular, programas de apoyo a las familias y la adecuación de los procedimientos de denuncia para que puedan ser accesibles a los niños, así como seguros, confidenciales y eficaces, y vayan acompañados de medidas de apoyo psicosocial.
«Se ven pocos esfuerzos de protección»
«En general, se ven pocos esfuerzos sistemáticos y sistémicos, o sea, integrales y coherentes, para proteger a niños, niñas y adolescentes contra las distintas formas de violencia», aseguró la secretaria ejecutiva de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia (CDIA), Heve Otero.
«El Estado paraguayo da muestras irregulares de protección. Avanza en algunos periodos y en algunos temas, y luego no logra mantener los avances o seguir haciéndolo en otras áreas. Además, falta una clara voluntad política de que esta problemática está afectando al 43% de la población, que son los niños y niñas, de forma general, y con gravedad a la mitad de ellos. Esta voluntad debería reflejarse en claras políticas públicas apoyadas en la inversión necesaria. Por otro lado, la violencia estructural persiste, que es la relacionada con la inequidad social, la pobreza y las prácticas de abuso de autoridad, herencias de la dictadura», explicó la especialista.
Otero destacó que los gobiernos deben combatir las causas estructurales de la violencia, así como implementar políticas específicas para problemas específicas, con mucha firmeza y con una actuación muy clara de la penalización de la violencia por parte del Poder Judicial.
