Cuando los errores son tan grandes, en pruebas que son cruciales, la nota es necesariamente un aplazo gigante. La causa Curuguaty nos mostró una vez más la distancia abismal que existe entre el intangible ideal de justicia y los dictámenes derivados de nuestro sistema judicial.
No existe otra calificación posible para condenar a una persona a 35 años de pena privativa de libertad sin que exista un elemento objetivo que probara su culpabilidad, una realidad sostenida por el propio fiscal de la causa, Jalil Rachid, quien aseguró públicamente que no tenía forma de comprobar que quienes fueron imputados –y posteriormente condenados– mataron a los seis policías abatidos.
No podemos olvidar a los 11 campesinos abatidos en aquella fatídica jornada del 2012. Es imperdonable que no se haya incluido en una carpeta fiscal la muerte de tantas personas, ocurrida en un suceso y lugar común al de los policías. Es inconcebible que se haya postergado o minimizado el hecho, cuando existen fuertes denuncias de ejecución.
Fracasamos como sociedad porque seguimos soportando una estructura política judicial que nos deglute impunemente, utilizando nuestros legítimos intereses como combustible que impulsa su voracidad, sin que existan límites para tanta codicia. Fracasamos porque todo parece que va a continuar de la misma manera y somos incapaces de emanciparnos a tanta injusticia.
(La Nación, fragmento de artículo de opinión de Pablo Noé – 13 de julio de 2016).
