Informes preliminares del censo 2012 indican que en Paraguay, 12 de cada 100 habitantes tiene algún tipo de discapacidad, ya sea visual, auditiva, física, intelectual o psicosocial. Si bien esta cifra resulta poco confiable, supondría unas 800.000 personas con discapacidad que precisan se garantice sus derechos básicos, entre ellos, la educación. Sin embargo, a la hora ingresar o permanecer en el sistema educativo se encuentran con dificultades.
A partir de un «mapeo»- un sondeo descriptivo- de las principales barreras para la inclusión educativa de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en Asunción y el departamento de Guairá, se ha podido ver que el primer obstáculo es la actitud de los actores educativos y la pobre o ausente capacitación de los docentes. «Capacitar adecuadamente a los/as educadores podría contribuir a derribar la barrera actitudinal, ya que no tendrían miedo o desconocimiento», indica el estudio que fue realizado por Global Infancia, en alianza con el Instituto de Desarrollo, Teletón y Parigual y con el apoyo de Save the Children y las comunidades de Andalucía y Valencia.
Pero, por otro lado, las familias deben superar las creencias que distancian a los niños, niñas y adolescentes del proceso escolar. Algunos planteamientos más comunes son: «Tengo miedo de que sus compañeros se burlen de él»; «Tengo miedo a escolarizarlo porque no sé cómo lo van a recibir!; «No le pueden inscribir en la escuela porque no están formados para atender a niños especiales»; «Mi hija no puede hacer lo que hacen las otras niñas», entre otros preconceptos.
Responder a las necesidades de apoyo educativo que se plantean por la diversidad, requiere la acción de toda la comunidad educativa. «La familia, la comunidad y la escuela debe aliarse y emprender juntas un camino que les permita crear una nueva concepción de la educación, donde los verdaderos protagonistas sean los niños y las niñas», afirma Claudia Pacheco, referente en educación inclusiva de Global Infancia.
¿Qué dice la ley?
La Ley de Educación Inclusiva (Ley 5.136) propone un marco normativo para promover el derecho educativo de las personas con algún tipo de barrera para el aprendizaje y la participación en el sistema educativo.
En el artículo 5 menciona que el Ministerio de Educación y Cultura garantizará la matriculación e inscripción sin discriminación alguna. Ninguna institución educativa puede negar la matriculación a un niño, niña o adolescente con discapacidad.
Para que esta ley no quede en los papeles, se deben propiciar algunas acciones:
Generar recursos presupuestarios para mejorar los espacios físicos y los equipamientos, incorporar y formar a los diversos actores educativos en las escuelas, elaborar los planes y ajustes razonables, proveer de recursos materiales y técnicos de apoyo a las escuelas del sistema, entre otros, de tal forma a realizar un acompañamiento cercano y adecuado a los estudiantes, realizar un proceso intensivo de formación teórica y actitudinal de docentes e impulsar acciones de identificación e inclusión en los diferentes niveles educativos.