El desalojo forzoso y derribo de viviendas ocurridos en Guahory son prácticas incompatibles con obligaciones de un Estado democrático y constituyen una grave violación a derechos humanos, como vivienda, alimentación, agua y seguridad en el hogar, agravados por el sometimiento de las víctimas a tratos crueles, inhumanos y degradantes durante el procedimiento, dice Codehupy.
Critica el pacto ilícito de miembros del Ministerio Público, Policía Nacional y colonos brasileños para desalojar a la comunidad campesina de Guahory.
Señala que el pago recibido por la Policía Nacional, admitido públicamente por uno de los protagonistas de la acción, la utilización de un helicóptero que sería de la Entidad Yacyretá en la diligencia, así como la injerencia de funcionarios y actores políticos allegados al Poder Ejecutivo en la preparación y realización del desalojo forzoso, son elocuente indicador de la colusión público-privada instrumentada para violar los DD.HH. de familias campesinas, hoy humilladas y sin garantías de retorno, reubicación, ni indemnización.
(Abc Color – 21 de setiembre de 2016).
