Los avisos de servicios sexuales que se publican en algunos medios de comunicación están vinculados a casos de trata de personas y explotación sexual comercial infantil, señaló la fiscala Teresa Martínez. La Mesa Interinstitucional de Combate a la Trata de Personas está de acuerdo con la regulación de este tipo de publicaciones, proyecto que está siendo impulsado por el presidente de la Junta Municipal de Asunción, concejal Hugo Ramírez.
La fiscala Teresa Martínez, de la Unidad Especializada de Trata de Personas del Ministerio Público, informó que en los últimos años detectó tres casos de explotación sexual comercial infantil y de trata de personas haciendo seguimiento a avisos de servicios sexuales que se publican en algunos medios de comunicación. Las víctimas eran niñas y adolescentes paraguayas.
Los casos fueron descubiertos simplemente llamando a los teléfonos que figuran en los avisos que ofertan servicios sexuales en los medios de comunicación, que no suelen hablar de niñas y adolescentes, aunque en la realidad ellas suelen ser las explotadas sexualmente. Los anuncios más encubiertos ofrecen «masajes especiales», y otros son bien explícitos en cuanto a los servicios sexuales que promocionan.
Regulación de avisos
El presidente de la Junta Municipal de Asunción, concejal Hugo Ramírez, presentó recientemente al pleno una minuta que busca regular la publicación de este tipo de avisos en los medios de comunicación. Su propuesta se basa en el decreto 936/2011 firmado por la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, quien, con el objetivo de combatir la trata de personas con fines de explotación sexual en su país, prohibió los avisos que promuevan la oferta sexual o hagan explícita o implícita referencia a la solicitud de personas destinadas al comercio sexual.
«Este tipo de ofertas también son publicadas por nuestros medios, que en algunos casos no solo son publicadas, sino incluso ilustradas. Se ofrecen todo tipo de ‘servicios’, y eso a la vez indica que el negocio de explotación sexual es rentable y de mucha demanda en nuestra ciudad», resalta el concejal en la exposición de motivos de su minuta. Destaca que una normativa que prohíba estos anuncios en los medios de comunicación es más que necesaria para combatir la trata de personas con fines de explotación sexual, y de esta manera proteger a los niños, niñas y adolescentes de este flagelo. «Algunos periódicos nacionales llevan años ganando millones con los anuncios de prostitución y parecen dispuestos a seguir haciéndolo. Mientras no se tomen las medidas correctivas, este negocio seguirá para algunos, con consecuencias negativas para muchos», añadió.
El concejal aclara que de esta manera no se busca prohibir ni penalizar el ejercicio de la prostitución, sino la explotación sexual y que la ordenanza disponga que se ejecuten acciones coordinadas para «prevenir, sancionar y erradicar la difusión en medios de comunicación de imágenes o mensajes que estimulen o fomenten la explotación sexual de los niños, mujeres y varones».
Mesa Interinstitucional aprueba propuesta
El coordinador de la Mesa Interinstitucional para la Prevención y Combate a la Trata de Personas en Paraguay, embajador Juan Buffa, considera que la propuesta del concejal Ramírez es muy importante en el sentido de evitar que más niñas, niños y adolescentes sean víctimas de redes de trata de personas con fines de explotación sexual.
«Todo lo que apunte hacia tratar de proteger de este flagelo de la explotación sexual infantil y de mujeres, especialmente la internacional, vemos con agrado que exista una preocupación», expresó el funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores. Además, resaltó que la sola existencia de este tipo de avisos demuestra que la sociedad está tolerando actividades con la explotación sexual de niños y niñas. Subrayó que la Fiscalía debe intervenir al tener conocimiento de este tipo de casos.
La Mesa Interinstitucional para la Prevención y Combate a la Trata de Personas está integrada por instituciones públicas, de la sociedad civil e internacionales, y su misión es la articulación de la política nacional y elaboración de directrices para las acciones preventivas, de represión y de sanción al delito de trata de personas.
